Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía.
| Sección | 1. Disposiciones Generales |
| Emisor | Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio |
| Rango de Ley | Decreto |
El artículo 57.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre caza y pesca fluvial y lacustre que incluye, en todo caso, la planificación y la regulación de estas materias y la reglamentación del régimen de intervención administrativa de la caza y la pesca, de la vigilancia y de los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas. Así mismo, el artículo 149.1.23ª de la Constitución Española establece que, sin perjuicio de la legislación básica en materia de medio ambiente, que corresponde al Estado, las Comunidades Autónomas están facultadas para «establecer normas adicionales de protección».
Por su parte, se ha de tener en cuenta la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna silvestres, así como la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que estableció entre sus principios la utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y, en particular, de las especies y de los ecosistemas, su conservación, restauración y mejora, así como evitar la pérdida neta de biodiversidad. Sobre la actividad cinegética viene a ordenar la normativa dispersa existente en un único texto legal, estableciendo que la caza sólo podrá realizarse sobre las especies que determinen las Comunidades Autónomas, declaración contemplada en el artículo 65.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, declaración que en ningún caso podrá afectar a las especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las prohibidas por la Unión Europea, añadiendo que en todo caso, el ejercicio de la caza se regulará de modo que quede garantizado la conservación y el fomento de las especies autorizadas para este ejercicio, a cuyos efectos las Comunidades Autónomas determinarán los terrenos donde puedan realizarse la actividad, así como las fechas hábiles para cada especie.
El nuevo Reglamento desarrolla el Título I y los Capítulos I, II y III del Título II de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, y está basado en un modelo de gestión cinegética sostenible en consonancia con el criterio general de conservación de la naturaleza y de pleno respeto a la biodiversidad, estableciendo un régimen de protección, conservación, fomento y aprovechamiento ordenado de los recursos cinegéticos de manera compatible con el equilibrio natural.
En la elaboración de esta norma se han tenido en cuenta los principios generales de funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía establecidos en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Asimismo, se han considerado las previsiones del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, donde se establece el derecho y obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, además del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos.
Igualmente, se han considerado las exigencias de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
En la regulación de los diferentes procedimientos se establece con carácter general el silencio negativo, dada la influencia de aquellos sobre el medio ambiente, de acuerdo con el artículo 24.1, párrafo segundo, de la Ley 39/2015.
La entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado, ha supuesto un profundo cambio en el régimen de las autorizaciones, cuya exigencia debe estar prevista y motivada en la Ley 8/2003, de 28 de octubre. Este Reglamento viene a regular aquellas autorizaciones que ostentan el carácter de «actividad económica» y otras que no a los efectos de la citada ley. Dentro de las primeras se incluyen los escenarios de caza para la práctica de modalidades, guardas de cotos de caza, granjas cinegéticas y talleres de taxidermia. Por el contrario, no se califican como actividad económica los planes técnicos de caza, constitución de cotos de caza, cotos intensivos de caza, escenarios de caza deportiva y de entrenamiento o adiestramiento de perros y/o de aves de cetrería, así como las batidas de gestión.
Entre las novedades que aporta el nuevo Reglamento cabe destacar la flexibilización de los regímenes de intervención administrativa de algunos procedimientos, en cuanto a la sustitución del régimen de autorizaciones por el de comunicaciones previas, en el que las modificaciones introducidas tienen su origen en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. Tales avances se concretan en la eliminación de requisitos discriminatorios, la agilización del acceso y ejercicio de determinadas actividades, la simplificación y agilizar los trámites administrativos, así como el incremento de la transparencia. En este sentido, presenta como novedades el establecimiento del régimen de comunicaciones previas de actividades cinegéticas autorizadas en los planes técnicos de caza, caso de monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión, procedimientos como el cambio de titularidad de cotos de caza, etc.
En la misma línea, el Reglamento simplifica la tramitación de autorizaciones al reducir la carga de documentos que han de adjuntarse con la solicitud, posibilitando que la persona interesada presente una declaración responsable sobre determinados requisitos, en procedimientos como el de constitución de cotos de caza, cambio de titularidad, etc. y en el caso de monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión mediante comunicación previa.
Con estos cambios se asume la necesidad de impulsar la mejora de la regulación, que pone especial énfasis en la eficiencia y simplificación de trámites, facilitando el acceso de los operadores a las actividades económicas que se vio plasmada en el Acuerdo para el Progreso Económico de Andalucía de 20 de marzo de 2013, y reduciendo la intervención administrativa sobre las mismas en los casos en que esté justificada, mediante la elección del instrumento de control que concilie la libertad de establecimiento y circulación con la protección del interés general.
Por todo ello, este Reglamento viene a incorporar importantes novedades para las personas cazadoras, que obedecen a la necesidad de adaptar el marco normativo a la realidad actual de la caza en Andalucía, dando respuesta a las necesidades y demandas formuladas por las distintas organizaciones ligadas al sector cinegético, mejora en la gestión cinegética, adaptación a la Directiva europea sobre el libre acceso a las actividades de servicios, además de ajustarse a los requisitos establecidos con la entrada en vigor de normas posteriores al anterior Reglamento de Ordenación de la Caza, que son de aplicación a la actividad de la caza en Andalucía, son motivos más que justificados para que se dicte el nuevo Reglamento.
Se trata de un texto donde se incide en compatibilizar el aprovechamiento cinegético con otros usos y aprovechamientos del medio natural, en el marco de los principios de conservación de las Directivas 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y Ley 8/2003, de 28 de octubre. Asimismo, se continúa apostando por una gestión que combine el mantenimiento de hábitats adecuados con una caza basada en poblaciones naturales sostenibles.
La relevancia cultural, social y económica de la actividad cinegética resulta incuestionable en Andalucía. Muestra de la dimensión que ha adquirido la caza en Andalucía son las 249.820 licencias de caza emitidas en 2016, actividad que puede practicarse potencialmente en aproximadamente en un 91,28% del territorio andaluz, además de la importancia en la conservación de los usos tradicionales del medio rural, contribuyendo al mantenimiento del patrimonio cultural en el sentido más amplio de este término, y reservando un lugar relevante al papel de la caza en el mantenimiento y recuperación de los ecosistemas y especies silvestres.
Además, la evolución dispar que han experimentado en los últimos años las poblaciones de las especies de caza mayor y menor en el ámbito peninsular y en el andaluz en particular, junto a los cambios mostrados por la actividad cinegética, han supuesto nuevas demandas y necesidades por parte de las organizaciones ligadas al sector, que deben ser impulsadas vía desarrollo normativo a través de medidas que...
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