DECRETO 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la Posguerra.
| Sección | 1. Disposiciones Generales |
| Emisor | CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA |
| Rango de Ley | Decreto |
DECRETO 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recupe ración de la memoria histórica y el reconocimiento ins
titucional y social de las personas desaparecidas duran
te la Guerra Civil Española y la Posguerra.
El artículo 52.1 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado. El Real Decreto 141/1997, de 31 de enero, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, transfirió las funciones y servicios sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia, entre el que se encuentra el Cuerpo de Médicos Forenses, los cuales tendrán una labor importante en el desarrollo de algunas de las actuaciones previstas en el presente Decreto.
Por otro lado, el Decreto 1/2001, de 9 de enero, por el que se establecen indemnizaciones a ex-presos y represaliados políticos, que sufrieron privación de libertad por más de tres años y se acuerda abrir convocatoria pública para aquellos otros que sufrieran privación de libertad por menos de tres años, ambos como consecuencia de los supuestos previstos en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, aunque consciente que ninguna indemnización puede devolver a los afectados y a sus familiares lo que perdieron en su lucha por las libertades públicas, quiso testimoniar el respeto de todas las Instituciones de la Comunidad por aquellos conciudadanos que fueron privados de su libertad personal y sufrieron las más penosas ofensas y humillaciones por su generosa lucha en defensa de los valores democráticos en Andalucía. En la misma línea del anterior Decreto, procede establecer medidas que conduzcan a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la Posguerra.
Según algunos estudios de investigación llevados a cabo para la determinación de las consecuencias que derivaron de la Guerra Civil Española, se estima que murieron cientos de miles de personas, bien como consecuencia directa de la contienda, bien debido a la represión del nuevo régimen y a los duros años de escasez que le siguieron. Muchas de estas víctimas no murieron en los campos de batalla, sino que fueron ejecutadas sin juicio y hechas desaparecer, ocultando sus cuerpos posteriormente en fosas excavadas durante la noche, para enterrar en ellas el recuerdo de lo sucedido y la memoria de los vencidos.
La Resolución de Naciones Unidas 47/133 (adoptada en la Asamblea General celebrada el 18 de diciembre de 1992) aprobó la «Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas», recogiendo que las «desapariciones forzadas afectan a los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad». Esta Resolución no solo implica la prevención y eliminación de las desapariciones forzadas, sino que se extiende, asimismo, a las investigaciones oportunas en cuanto se tenga conocimiento de personas desaparecidas, sin que el tiempo transcurrido desde que se produjo la desaparición suponga obstáculo alguno.
Asimismo, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 20 de noviembre de 2002, acordó, entre otras resoluciones, la siguiente: «El Congreso de los Diputados reafirma, una vez más, el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más
tarde la represión de la dictadura franquista. Instamos a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones evitando, en todo caso, que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil.»
El Parlamento de Andalucía ha aprobado, a lo largo del año 2003, varias iniciativas en torno a la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba