Decreto 110/2014, de 1 de julio, por el que se aprueban los Planes de Emergencia Exterior ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas correspondientes a los establecimientos: Solacor Electricidad, en El Carpio (Córdoba); La Africana Energía, S.L., en Fuente Palmera (Córdoba); Termosolar Palma Saetilla, S.L., y Solar Guzmán Energía, S.L., en Palma del Río (Córdoba); Central Termosolar Andasol, en Aldeire y La Calahorra (Granada); Helioenergy Electricidad, en Écija (Sevilla); Soleval Renovables, S.L., en Lebrija (Sevilla); Ibereólica Solar Morón, S.L., en Morón de la Frontera (Sevilla); y Sevitrade, S.L., en Sevilla.

Sección:1. Disposiciones Generales
Emisor:Consejería de Justicia e Interior
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Las sociedades caracterizadas por un alto grado de desarrollo han de convivir con determinados niveles de riesgo como consecuencia, entre otros factores, de las necesidades de producción, almacenaje y distribución de sustancias peligrosas, aunque esenciales en actividades tales como el transporte o la fabricación de determinados bienes y servicios.

Es el caso de Andalucía, donde la tendencia al incremento en el consumo de determinados bienes y servicios se superpone a una creciente formación y toma de conciencia de la población frente a aquellos riesgos susceptibles de afectarle.

A tal fin, las Administraciones Públicas, en tanto garantes de la vida e integridad física de las personas, los bienes y el medio ambiente, han venido articulando procedimientos de respuesta en sus respectivos ámbitos de competencia.

El artículo 66.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de protección civil que incluye, en todo caso, la regulación, la planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la dirección y coordinación de los servicios de protección civil, que incluyen los servicios de prevención y extinción de incendios respetando las competencias del Estado en materia de seguridad pública; y ello en relación con el principio rector proclamado en el artículo 37.1.25.º sobre la atención y protección civil ante situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública.

En el ámbito estatal, el marco normativo lo constituye el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, cuyo artículo 11.4 establece que los órganos competentes de las Comunidades Autónomas elaborarán, con la colaboración de los industriales, un plan de emergencia exterior para prevenir y, en su caso, mitigar las consecuencias de los posibles accidentes graves previamente analizados, clasificados y evaluados, que establezca las medidas de protección mas idóneas, los recursos humanos y materiales necesarios y el esquema de coordinación de las autoridades, órganos y servicios llamados a intervenir. Asimismo, el artículo 16.2.b) de la misma norma, establece que se consideran autoridades...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA