LEY 8/1988, de 2 de noviembre, de Puertos Deportivos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se regirán por la presente Ley la construcción y explotación de aquellas obras e instalaciones que se realicen en los puertos o en las costas del litoral andaluz para la prestación de los servicios demandados por las embarcaciones deportivas.

A tal efecto, se definen las siguientes tipologías:

1. Puerto deportivo:

   Recinto de agua abrigada, natural o artificialmente así como la superficie terrestre contigua e instalaciones y accesos terrestres, que permiten realizar las operaciones requeridas por la flota deportiva y sus usuarios con independencia de otras instalaciones portuarias.

2. Zona portuaria de uso náutico deportivo:

   Parte de un recinto portuario preexistente que se destina a la prestación de servicios a las embarcaciones deportivas.

3. Instalación ligera náutico-deportivo:

   Aquella que no comporta obras de abrigo y de atraque, de carácter portuario fijo y que no supones alteración sustancial del medio físico donde se implanta.

   Se considera "Zona de servicio" el espacio formado por la superficie de agua abrigada y el suelo que la rodea como consecuencia de las obras marítimas de abrigo, de atraque y de varada y lanzamiento de embarcaciones, los rellenos sobre la zona marítimo y terrestre y playas y la aportación de terrenos colindantes en su caso, con objeto de posibilitar el desenvolvimiento de las actividades generadas por la oferta y demanda de servicios en el recinto portuario.

   Reglamentariamente se fijarán los servicios de existencia obligatoria u opcional, así como las condiciones en que dichos servicios podrán ser cedidos por el concesionario.

los puertos deportivos, zonas portuarias de uso náutico deportivo y las instalaciones ligeras náutico-deportivas constituyen bienes de dominio público, cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía y que se destinan mediante adecuada explotación a la prestación de servicios públicos.

El acceso a los mismos será Libre y gratuito.

Reglamentariamente se determinarán las limitaciones que imponga la correcta explotación.

1. La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá otorgar a personas naturales o jurídicas tanto públicas como privadas, que lo soliciten, la oportuna concesión administrativa para la construcción y la explotación de obras e instalaciones destinadas a la prestación de servicios a la marina deportiva.

2. Corresponderá su otorgamiento al Consejo de Gobierno para puertos deportivos y zonas portuarias de uso náutico-deportivo para el resto de los casos a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

3. la Junta de Andalucía podrá construir y explotar obras e instalaciones para la flota deportiva, por sí misma o en colaboración con otras entidades públicas o privadas.

1. La Comunidad Autónoma de Andalucía determinará mediante los instrumentos de ordenación adecuados, las zonas de exclusión a efectos de cualquier intervención de las reguladas en la presente Ley, y los niveles de protección y prescripciones que deberán incorporar las iniciativas en razón de ellos, según las diferentes tipologías recogidas en el art. 2º, con objeto de asegurar.

   1. El uso racional de los recursos naturales.

   2. La debida conservación de los ecosistemas costeros.

   3. La integración de las obras e instalaciones en el medio físico.

   4. La armonización del paisaje.

   5. La compatibilidad con los sistemas generales y demás determinaciones urbanísticas.

2. Se favorecerán las iniciativas que atiendan demandas náutico-deportivas o turísticas y con arreglo al siguiente orden de prioridades.

   1. Zonas de uso náutico-deportivo a puertos existentes.

   2. Instalaciones ligeras náutico-deportivas.

   3. Puertos deportivos con abrigo natural.

   4. Puertos deportivos con abrigo artificial.

La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá exigir con las contraprestaciones que reglamentariamente se establezcan, que se incluya en un puerto deportivo línea de atraque y zona de servicio para uso pesquero, dentro de un esquema de ordenación que separe adecuadamente los tráficos.

Articulo7º.

1. Las concesiones se otorgarán, previa licitación, cuando existan al menos dos peticiones incompatibles entre sí sobre un mismo objeto. A tal efecto, toda petición se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, otorgándose un plazo de al menos 30 días para que otros interesados puedan formular peticiones alternativas.

   A la petición deberá acompañarse estudio técnico y económico de las obras e instalaciones proyectadas y compromiso de constituir a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía la fianza provisional a que se refiere el art. 8º de la presente ley.

2. En el supuesto de que la concesión se promueva a iniciativa de la Administración, igualmente se respetarán los principios de publicidad y concurrencia.

3. El régimen general de las concesiones se ajustará a as normas que reglamentariamente se determinen, aplicándose subsidiariamente la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su reglamento de aplicación.

4. las concesiones administrativas que se otorguen tendrán carácter indivisible.

5. No se podrán establecer derechos de uso exclusivo sobre puestos de atraque o plazas de estancia en tierra para embarcaciones sino derechos de uso preferente sobre los mismos.

Resuelta en su caso, la licitación el expediente concesional se tramitará mediante la presentación en la delegación Provincial correspondiente de la Consejería de obras publicas y Transportes de la siguiente documentación.

1. Proyecto de las obras e instalaciones, suscrito por técnico competente y con las determinaciones que reglamentariamente se establezcan.

2. Documento acreditativo de haber constituido a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía fianza provisional, por una cuantía igual al uno con cinco por ciento del presupuesto total de las obras e instalaciones cuya concesión se pretende en el caso de puertos deportivos y zonas portuarias de usos náutico-deportivos, y del cero seis por ciento para instalaciones ligeras náutico-deportivas,. Esta fianza deberá constituirse en la forma y con los requisitos exigidos por la legislación para los contratos de la Comunidad autónoma de Andalucía.

1. La Delegación Provincial de la Consejería de obras Públicas y Transportes efectuará una confrontación del proyecto sobre si el terreno afectado, con citación de los propietarios colindantes, siendo los gastos ocasionados de cuenta del peticionario.

2. Efectuada la confrontación quedará definitivamente fijado el proyecto no admitiéndose posteriormente otras modificaciones que las que resulten de los informes y actuaciones administrativas practicadas durante la tramitación de la concesión. Cualquier propuesta de modificación por parte del peticionario que se considere sustancial a juicio de la Consejería de obras publicas y Transportes deberá reiniciar el trámite de concesión.

3. Realizadas las actuaciones precedentes, la delegación Provincial elevará el expediente completo, junto con su informe, a la Consejería de obras Publicas y Transportes.

Recibida la documentación a que se refiere el articulo anterior, la consejería de obras públicas y Transportes dará traslado del expediente al Ministerio de obras Públicas y Urbanismo, para que este emita el preceptivo informe sobre la ocupación del dominio público. Dicho informe será vinculante en los siguientes aspectos.

1. Respecto a las prescripciones en orden a asegurar el libre acceso y uso público de las zonas de dominio público.

2. En la imposición de condiciones relativas a la restitución artificial del dominio público afectado por las obras e instalaciones.

3. En la fijación de condiciones o adopción de cualquier otra precaución relacionadas con la conservación de la titularidad del Estado sobre el dominio marítimo.

El informe del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo deberá emitirse en un plazo máximo de tres meses, a partir de la remisión del expediente. De no evacuarse en dicho plazo, se entenderá que es favorable.

Emitido el informe sobre ocupación del dominio público, la Consejería de obras Públicas y Transportes solicitará informe de los organismos que reglamentariamente se determinen y, en todo caso, del Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados por el proyecto, así como de las autoridades militares competentes cuando los intereses de la seguridad nacional lo requieran.

Se entenderá que no existe objeción cuando, pasado un mes y retirada la petición, transcurran quince días más sin recibir respuesta del organismo o centro requerido.

1. Será requisito imprescindible para el otorgamiento de la concesión administrativa de construcción y explotación de un puerto deportivo zona portuaria de uso náutico deportivo o instalación ligera náutico-deportiva, que éstas resulten adecuadas respecto de la legislación urbanística y municipal en que se localice el proyecto para el que se solicita la concesión.

2. La resolución de la concesión quedará en suspenso, en su caso, en tanto no se haya terminado el procedimiento que garantice la adecuación y compatibilidad urbanística.

Una vez realizada la información oficial y garantizada la adecuación y compatibilidad urbanística del proyecto, según lo previsto en el artículo anterior, la Consejería de Obras Públicas y Transportes lo someterá, durante el plazo de un mes, a información pública, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Instruido el expediente y cumplido lo dispuesto en el art. 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el órgano correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes propondrá la resolución con el correspondiente condicionado al órgano competente para ello, según el art.

4 de esta ley.

El otorgamiento o denegación de la concesión se llevará a cabo de conformidad con criterios objetivos, que en cualquier caso deberán contemplar:

1. Condiciones de acceso marítimo.

2. Accesos terrestres.

3. Superficie de agua abrigada.

4. Superficie y ordenación de la "zona de servicio".

5. Obligación del titular de la concesión de reparar los daños que puedan causarse en las costas o playas.

6. Prohibición de usos exclusivos de amarre sobre los puestos de atraque y plazas de estancia en tierra de las embarcaciones.

7. Obligación por parte del concesionario de mantener la apertura al uso público de las zonas de dominio público estableciéndose al efecto los accesos adecuados.

8. Canon anual, que el concesionario deberá abonar a la Administración pública.

9. Fianzas que correspondan.

10. Tarifas que el concesionario podrá cobrar en contraprestación a los servicios prestados.

11. Facultades de policía, que e delegan en el concesionario.

1. En el plazo de tres meses a partir del otorgamiento de la misma deberá presentar el proyecto de construcción de las obras e instalaciones con las prescripciones en su caso incluidas por la concesión administrativa en el condicionado. Asimismo deberá construir la fianza definitiva por una cuantía igual al cinco por ciento del presupuesto total de las obras, en el caso de puertos deportivos y zonas portuarias de usos náutico-deportivos. Esta fianza definitiva se devolverá en el plazo de tres meses a partir de la fecha de aprobación del acta de reconocimiento de las obras.

2. Dentro de este último plazo citado en el párrafo anterior, el concesionario deberá constituir la fianza que e fije en el título concesion para garantizar la prestación de los servicios a que éste le obligue. Dicha fianza será devuelta en un plazo de tres meses, a partir de la echa de finalización del plazo concesional.

3. Las fianzas a que se refiere este articulo deberán constituirse en la forma y con los requisitos exigidos por la legislación para los contratos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las obras e instalaciones comprendidas en el proyecto base de la concesión administrativa, con las modificaciones del mismo autorizadas según el art.

9.2, quedarán sujetas a la inspección técnica y aprobación de la Conejería de Obras Públicas y Transportes.

1. Si el peticionario incumpliese alguna de las clausulas de la concesión o si, transcurrido el plazo señalado para el comienzo de las obras, éstas no se hubieran iniciado y no hubiese obtenido la prórroga de aquél, el órgano concedente, a propuesta de la Consejería de obras Públicas y Transportes, podrá iniciar expediente de caducidad de la concesión, quedando a avor de la Comunidad Autónoma la fianza constituida.

2. Si se incumpliera el plazo de terminación de las obras, será potestativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía atendiendo el grado de cumplimiento del programa de trabajo y a las razones expuestas por el concesionario, el otorgar una prórroga de dicho plazo, no superior a la tercera parte de fijado en la concesión administrativa para la ejecución del proyecto o incoar el expediente de caducidad, con la pérdida de la fianza depositadea. En el caso de que incumpliera de nuevo el plazo prorrogado, podrán concederse sucesivamente nuevas prórrogas de duración la mitad de la inmediata precedente y hasta un máximo de tres. De no finalizarse la obras en alguno de estos plazos, deberá procederse necesariamente a la incoación del expediente de caducidad con pérdida de la fianza deposistada.

1. Una vez otorgada la concesión, el titular de la misma queda obligado a practicar la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad, especificando con el debido detalle los bienes sujetos a reversión. En caso de que, con posterioridad se aprueben modificacioes del proyecto, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 9.2, le alcanzará idéntica obligación en relación con las nuevas unidades de obra, edificios o instalaciones que resulten de aquellas.

2. Terminada la construcción y previamente a la aprobación del acta de reconocimiento de las obras, el concesionario deberá aportar certificación registral de las citadas inscripciones.. En ningun caso, se autorizará la apertura de las instalaciones, ni aun con carácter provisional, en tanto no se presente dicha certificación.

1. La explotación y conervación del puerto deportivo estarán a cargo del concesionario, pudiendo llevar a cabo esta gestión en cualquiera de las formas establecidas para ello por la legislación vigente.

2. Los conratos que pretendan celebrarse entre el concesionario y otra persona natural o jurídica para la gestión de la concesión o de parte de ella, o para el uso y disfrute de sus elementos, deberán ser sometidos a aprobación de la Cosejería de Obras Públicas y Transportes, qe los denegará si el perfeccionamiento pudiera derivarse la división efectiva de áquella o suponga menoscabo para la explotación.

3. Los gestores y usuarios, por cualquier título de la concesión quedarán obligados por las prescripciones que rigen para la misma.

1. El concesionario deberá disponer la organización, las personas y los medios materiales radicados en el puerto, zona portuaria de uso nático deportivo o instalación ligera náutico-deprtiva, que permitan la pretación de los servicios públicos en los términos prebistos por la concesión otorgada.

2. Las funciones técnicas habrán de ser ejercidas en cada caso por personal con la debida aptitud profesional.

1. La concesión revertirá gratuitamente a la Comunidad Autónoma al término del plazo establecido.

2. En el acta de reconocimiento de las obras se describirán con el debido detallle los terrenos, obras e instalaciones sujetos a reersión. En todo caso, los terrenos y edificaciones de la "Zona de servicio" y de los accesos revertirán necesariamente a la Comunidad Autónoma, aunque parcialmente hayan sido aportados por la iniciativa privada o procedan de expropiaciones o adquisiciones efectuadas y necesarias para la formación de dicha "zona de servicio".

3. No obstane el concesionario podrá retirar aquellos elementos que no figuren en el acta de rewconocimiento y que no estén unidos de manera fija al inmueble, de modo que no se prouduzca qubramiento de los mismos.

4. los bienes revertibles no podrán ser objeto de enajenación por parte del concesionario.

5. Producida la reversión, quedarán autómaticamente extinguidos los derechos que pudieran ostentar terceras personas sobre los mencionados bienes.

No asumira la Comunidad Autónoma de Andalucía la titulalridad activa o pasiva de las relaciones jurídicas derivadas de la explotación de la concesión.