LEY 2/1985, de 2 de mayo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 

Concepto y competencias.

1. El Consejo Rector es el órgano de representación, gobierno y gestión de la sociedad cooperativa andaluza.

2. Tiene competencia para establecer las directrices generales de actuación de la cooperativa, con sujeción a la política fijada por la Asamblea General, y para realizar los demás actos que le atribuyen esta Ley y los Estatutos Sociales.

3. El Presidente del Consejo Rector, que lo será también de la cooperativa, tendrá la representación de la misma.

Composición y elección.

1. Los Estatutos fijarán la composición del Consejo Rector en número no inferior a tres miembros. Si se previese la existencia de miembros suplentes, éstos sólo sustituirán a los titulares en caso de vacante definitiva, determinando los Estatutos su número y las reglas de sustitución.

2. Los miembros del Consejo Rector serán elegidos de entre los socios por la Asamblea General, en votación secreta y por mayoría simple de los votos emitidos. Cuando se eligiese a una persona jurídica, ésta habrá de designar la persona física que la represente con carácter permanente en el Consejo Rector, subsistiendo la representación en tanto no se notifique fehacientemente a éste su revocación expresa.

3. Los Estatutos podrán prever la participación de los trabajadores no socios de la cooperativa en el Consejo Rector.

4. En el supuesto del artículo 6 de la presente Ley, los Estatutos preverán la presencia en el Consejo Rector de representantes de las secciones reguladas en el mismo, en la forma y proporción que los propios Estatutos determinen.

5. Los Estatutos fijarán el período de duración del mandato, que no podrá ser inferior a dos años ni superior a seis, finalizado el cual se renovará el Consejo en la totalidad de sus miembros, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos para sucesivos períodos.

6. La revocación de los miembros del Consejo Rector sólo podrá ser acordada en Asamblea General extraordinaria, convocada expresamente a tal efecto.

7. El nombramiento y cese de los miembros del Consejo Rector se inscribirán en el Registro de Cooperativas, mediante certificación de la correspondiente Acta de la Asamblea General, en la que consten sus circunstancias personales y la aceptación, en su caso, del cargo. La certificación será expedida por el Secretario y visada por el Presidente cuyas firmas deberán ser legitimados notarialmente. También podrán inscribirse mediante testimonio notarial del Acta de la Asamblea General, por exhibición del Libro correspondiente o mediante escritura pública que acredite el cese o el nombramiento y aceptación del designado.

Organización y funcionamiento.

1. El Consejo Rector procederá a la elección, entre los miembros que lo compongan, de Presidente, Secretario y demás cargos previstos estatutariamente, salvo que tal facultad venga atribuida a la Asamblea General por los Estatutos.

2. Los Estatutos podrán prever que el Secretario del Consejo Rector no tenga la cualidad de socio, en cuyo caso tendrá voz, pero no voto, en las deliberaciones de aquél, y estará obligado a guardar secreto sobre los asuntos concernientes a la cooperativa. Su nombramiento deberá ser realizado por el Consejo Rector y ratificado en la primera Asamblea General que se celebre con posterioridad al mismo, constando tal extremo en el orden del día.

3. El Consejo Rector deberá reunirse con periodicidad que establezcan los Estatutos, como mínimo una vez al mes, quedando válidamente constituido cuando concurran a la sesión la mitad más uno de sus competentes. La actuación de cada miembro será personalísima, sin que pueda hacerse representar por otra persona. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos de los miembros presentes, dirimiendo el del Presidente los empates que pudieran producirse.

4. El Acta de cada sesión, firmada por los asistentes a la misma, recogerá el contenido de los debates, el texto de los acuerdos y el resultado de las votaciones, y se transcribirá al Libro de Actas del Consejo Rector.

Delegación de facultades.

1. El Consejo Rector, si los Estatutos lo prevén, podrá designar una Comisión Ejecutiva o uno o más Consejeros Delegados, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona.

2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación la rendición de cuentas, la presentación del balance a la Asamblea General ni las facultades que está conceda al Consejo Rector, salvo que fuera expresamente autorizado para ello.

3. La delegación permanente de alguna facultad del Consejo Rector en la Comisión Ejecutiva o en Consejero Delegado, y la designación de los miembros del Consejo en que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo Rector y no producirán efecto hasta su inscripción en el Registro de Cooperativas del acuerdo correspondiente, en el que conste la delegación y las facultades objeto de la misma.

Retribución.

Los Estatutos podrán prever que los miembros de la Comisión Ejecutiva a los Consejeros Delegados reciban retribuciones cuya cuantía será establecida por la Asamblea General. En todo caso, a los miembros del Consejo Rector se les resarcirá de los gastos que les origina el desempeño del cargo conforme con lo que acuerde la Asamblea General.

Responsabilidad e impugnación de acuerdos.

1. Los miembros del Consejo Rector desempeñarán sus cargos con la diligencia que corresponda a un representante leal y ordenado gestor, siendo responsables solidariamente de los daños causados por malicia, abuso de facultades o negligencia grave. Quedan exentos de responsabilidad los que hubieran hecho constar en Acta su oposición al acuerdo y los no asistentes a la sesión en que se adoptó, sin perjuicio, en este último caso, de la que pueda imputárseles por su inasistencia.

2. La acción de responsabilidad podrá ser ejercitada, previo acuerdo de la Asamblea General, en el plazo de tres meses a contar desde su adopción. Pasado dicho plazo sin haber sido ejercitada la misma, o en el caso de que el acuerdo hubiese sido denegatorio, podrá también ejercitarse por, al menos, el veinte por ciento de los socios. Si el acuerdo de exigencia de responsabilidad hubiera sido adoptado por la Asamblea General conforme a los requisitos de emisión de voto establecidos en el artículo 33, apartado 2, de esta Ley, supondrá asimismo la suspensión automática de los miembros afectados en el ejercicio de sus cargos.

3. En cualquier caso, la acción de responsabilidad prescribirá a los tres años, a contar desde el momento en que pudo ser ejercitada.

4. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, cualquier socio podrá ejercitar la pertinente acción para exigir la reparación de los daños y perjuicios que se le hayan causado directamente en su patrimonio por actos de los miembros del Consejo Rector.

5. Sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que se refiere los apartados precedentes, los acuerdos del Consejo Rector contrarios a la Ley, los Estatutos o que lesionen, en beneficio de uno o varios de sus miembros, los intereses de la cooperativa podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35, por los miembros de áquel que hubieran hecho constar en acta su oposición al acuerdo, por los no asistentes a la sesión en que se adoptó, y por un número de socios que represente al menos el diez por ciento de los votos.

La Dirección.

1. Los Estatutos podrán prever el establecimiento de una Dirección, integrada por una o varias personas, cuya competencia se extenderá a los asuntos concernientes al giro o tráfico normal de la cooperativa.

2. Los actos de disposición relativos a derechos reales, fianzas o avales, con cargo al patrimonio de la cooperativa, requererirán siempre autorización expresa del Consejo Rector,sin prejuicio de lo establecido en el artículo 28, apartado 2., letra i) de la presente Ley.

3. El nombramiento de los miembros de la Dirección deberá ser realizado por el Consejo Rector y comunicado a la primera Asamblea General que se celebre con posterioridad al mismo, constando tal extremo en el orden del día, así como el cese y su motivación si se produjera antes del plazo pactado.

4. Los miembros de la Dirección tendrán los deberes que dimanen del respectivo contrato. Trimestralmente, al menos, deberán presentar al Consejo Rector un informe sobre la situación económica de la cooperativa y, dentro del plazo de tres meses, a contar desde el día de cierre del ejercicio social, la memoria explicativa de la gestión de la sociedad, el balance y la cuenta de resultados. Asimismo, deberán comunicar sin demora al Presidente del Consejo Rector todo asunto que, a su juicio, requiera la convocatoria de dicho órgano o que, por su importancia, deba ser conocido por áquel.

5. Los miembros de la Dirección asistirán, con voz y sin voto, a las sesiones del Consejo Rector cuando a tal efecto se les convoque e informarán, en tal caso, sobre los extremos de su gestión que les sean solicitados.

6. Serán aplicables a la Dirección las normas sobre responsabilidades e incompatibilidades establecidas en los artículos 41 y 45 de esta Ley respectivamente, si bien la acción de responsabilidad podrá ser además, ejercitada por el Consejo Rector.

7. Los cargos de miembro de la Dirección y del Consejo Rector son incompatibles entre sí. Las funciones atribuidas a la Dirección se entenderán sin perjuicio de las delegaciones o apoderamientos que pueda conferir el Consejo Rector a cualquier otra persona con arreglo a la normativa vigente.

8. Será preceptiva la inscripción en el Registro de Cooperativas de los acuerdos de nombramiento y cese de los miembros de la Dirección. Dichos acuerdos contendrán, además, las facultades y poderes conferidos.

Conflicto de intereses.

1. Cuando la cooperativa hubiera de obligarse con cualquier miembro del Consejo Rector o, en su caso, de la Dirección, o con alguno de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, será necesaria la autorización expresa de la Asamblea General. Esta autorización no será preceptiva cuando se trate de relaciones propias de la condición de socio.

2. Los socios que se vean afectados por este conflicto de intereses no podrán tomar parte en la correspondiente votación asamblearia.

3. El contrato estipulado sin la preceptiva autorización será anulable, salvo que sea ratificado por la Asamblea General. No obstante, quedan a salvo los derechos adquiridos por terceros de buena fe.

Los Interventores de Cuentas.

1. La Asamblea General nombrará entre sus socios, en votación secreta, a los Interventores de Cuentas. Su número, no inferior a tres, deberá ser impar. Cuando el número de socios, no miembros del Consejo Rector, fuera inferior a tres, solamente será preceptiva la elección de un Interventor de Cuentas. Los Estatutos determinarán su número y período de actuación, que no será inferior a un ejercicio económico ni superior a cuatro, siendo potestativo el nombramiento de suplentes.

2. Los Interventores presentarán a la Asamblea General, al cierre de cada ejercicio económico, un informe detallado sobre la memoria explicativa de la gestión de la sociedad, balance y cuenta de resultados, así como de aquellos otros documentos contables que preceptivamente deban someterse a la Asamblea general para su aprobación. Los Interventores dispondrán, para la elaboración del citado informe, de un plazo máximo de un mes desde que el Consejo Rector les haya entregado la pertinente documentación. En caso de disconformidad de criterios, podrán emitir informes por separado.

3. Los Interventores pueden ser citados a las sesiones del Consejo Rector y podrán asistir voluntariamente, con voz y sin voto.

4. Los Interventores de Cuentas tendrán derecho a comprobar, en cualquier momento, la documentación económica y jurídica de la cooperativa y realizar cuantas investigaciones consideren oportunas para aclarar los extremos y anomalías que sean sometidos a su examen, especialmente en lo que se refiere al balance, cuenta de resultados y propuesta de distribución de excedentes.

5. El ejercicio del cargo de Interventor de Cuentas es incompatible con la condición de miembro del Consejo Rector y, en su caso, de la Dirección.

6. Serán de aplicación a lo Interventores de Cuentas las disposiciones contenidas en los artículos 40, 41, apartados 1 y 2, y 45 de la presente Ley, sobre retribución, responsabilidad e incompatibilidad de sus funciones.

7. La aprobación de las cuentas por la Asamblea General sin el trámite previo del preceptivo informe de los Interventores de Cuentas será impugnable por cualquier socio, conforme a lo dispuesto en el artículo

   35 de esta Ley.

8. Si perjuicio de la actuación de los Interventores de Cuentas, estatutariamente podrá establecerse la exigencia de sometimiento de las cuentas del ejercicio económico a verificación de las personas expertas en materia contable ajenas a la cooperativa. Las Cooperativas de Seguros y de Crédito se atendrán a lo establecido en la legislación que les sea de aplicación.

Incompatibilidades, incapacidades y prohibiciones.

1. No podrán ser miembros del Consejo Rector, Directores ni Interventores.

   1. Los funcionarios o empleados de la Administración Pública con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades de la cooperativa de que se trate, salvo que lo sean en representación, precisamente, del ente público en el que son funcionarios o empleados.

   2. Los que desempeñen o ejerzan, por cuenta propia o ajena, actividades competitivas o complementarias a las de la cooperativa, salvo que hayan sido autorizados, en cada caso, por la Asamblea General.

   3. Los menores, salvo en las cooperativas cuyo objeto social esté relacionado con la educación. En este caso, para suplir su insuficiente capacidad de obrar, se atribuye la representación de la cooperativa, en sus relaciones con terceros, a los tutores elegidos por la Asamblea General, con las facultades, obligaciones, responsabilidades e incompatibilidades que se establecen en esta Ley respecto del Consejo Rector.

   4. Los quebrados y concursados no rehabilitados y los legalmente incapacitados. También alcanzará esta prohibición a quienes, por razón de su cargo, no puedan ejercer actividades económicas lucrativas, salvo para desempeñar el cargo de miembro del Consejo Rector si éste no es remunerado.

2. Son incompatibles entre sí los cargos de miembro del Consejo Rector, Director e Interventor.

3. El cargo de miembro del Consejo Rector, Director o Interventor no podrá desempeñarse simultáneamente en más de tres sociedades cooperativas.

4. El Consejero, Director o Interventor que estuviese incurso en cualquiera de las prohibiciones de este artículo será inmediatamente destituido a petición de cualquier socio, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pueda incurrir, conforme al artículo 41 de esta Ley, por su conducta desleal.

Comité de Recursos.

1. Los Estatutos podrán prever la existencia de un Comité de Recursos, delegado de la Asamblea General, que tramitará y resolverá cuantos recursos vengan atribuidos a su conocimiento o al de la Asamblea, por vía legal o estatutaria.

2. La composición y régimen de funcionamiento del Comité de Recursos se fijarán por los Estatutos. Estará integrado, al menos, por tres miembros elegidos en votación secreta, por la Asamblea General, de entre los socios con plenitud de derechos. El plazo de duración del cargo será, como máximo, de cuatro años.

3. Los acuerdos del Comité de Recursos, que serán inmediatamente ejecutivos, podrán recurrirse por los procedimientos previstos en el artículo 35 de esta Ley.

4. Deberán abstenerse de intervenir, en la tramitación y resolución de los correspondientes recursos, los miembros del Comité que tengan, respecto al socio o aspirante a socio afectado, parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, de afinidad dentro del segundo, amistad íntima, enemistad manifiesta o relación de servicio. Asimismo, deberán abstenerse aquellos miembros que tengan relación directa con el objeto del recurso.

5. No podrán formar parte del Comité de Recursos los miembros del Consejo Rector, los Interventores ni directores, si los hubiere.

Otros órganos sociales.

1. Los Estatutos podrán prever la creación de cuantos órganos se estimen convenientes para el mejor desarrollo y funcionamiento de la cooperativa, determinando, asimismo, su régimen de actuación y competencias, sin que en ningún caso les sean atribuidas las propias de los órganos necesarios.

2. La denominación completa de estos órganos no deberá inducir a confusión con la de los órganos sociales necesarios a los que se refiere el artículo

27 de esta Ley.

Capital social.

1. El capital social de las sociedades cooperativas andaluzas estará integrado por las aportaciones patrimoniales efectuadas, en tal concepto, por los socios, ya sean obligatorias o voluntarias.

2. Se acreditará en títulos nominativos, que en ningún caso tendrán la consideración de títulos valores, numerados

   correlativamente. Cada título, que será autorizado con las firmas del Presidente y Secretario de la cooperativa, expresará necesariamente:

   1. Denominación de la sociedad cooperativa, fecha de constitución y número de inscripción en el Registro de Cooperativas.

   2. Nombre del titular.

   3. Si corresponde a aportaciones obligatorias o voluntarias, y fecha del acuerdo social de emisión.

   4. Valor nominal, importe desembolsado y, en su caso, fecha y cuantía de los sucesivos desembolsos.

3. Las aportaciones se realizarán en moneda nacional o, si lo preven los Estatutos o lo acordase la Asamblea General, en bienes muebles e inmuebles y en créditos o derechos de contenido económico. El socio, salvo en las aportaciones efectuadas en dinero, estará obligado a la entrega y saneamiento

   de la cosa objeto de la aportación y responderá a la solvencia y legitimidad de los créditos en los términos establecidos en la legislación vigente. La valoración de las aportaciones no dinerarias, efectuada por el Consejo Rector, podrá revisarse por la Asamblea General convocada conforme a lo establecido en el art. 29, apartado 7.

4. La cooperativa podrá proceder judicialmente contra el socio que no realice las aportaciones correspondientes a la parte de capital suscrito y no desembolsado en las condiciones y plazos previstos, sin perjuicio de la sanción o sanciones disciplinarias que se le puedan imponer, de acuerdo con lo que dispongan los Estatutos al efecto.

5. El importe total de las aportaciones de cada socio al capital social de las Cooperativas de primer grado no podrá exceder del veinticinco por ciento del mismo. En las Cooperativas de segundo o ulterior grado podrá elevarse este límite hasta el cincuenta por ciento.

6. Los Estatutos determinarán si las aportaciones al capital social devengan o no intereses. En caso afirmativo, el tipo de interés lo fijarán, para las aportaciones obligatorias, los Estatutos o la Asamblea General, y para las aportaciones voluntarias, el acuerdo de emisión de las mismas.

   En ningún supuesto podrá exceder del que, con carácter anual, se determine por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a propuesta de la Consejería de Economía e Industria.

Aportaciones obligatorias.

1. Los Estatutos fijarán el importe de las aportaciones obligatorias para integrar el capital social, que podrá ser igual para cada socio o, en el caso de cooperativas cuyas actividades o servicios sean susceptibles de determinación cuantitativa, proporcionalidad o su utilización por los socios, conforme a módulos claramente establecidos en aquéllos.

2. El importe de las aportaciones obligatorias para integrar el capital social deberá desembolsarse, al menos, en un veinticinco por ciento en el momento de su suscripción, y el resto en las condiciones y plazos que fijen los Estatutos, que no podrá exceder de tres años.

3. La Asamblea General podrá acordar la exigencia de nuevas aportaciones obligatorias para integrar el capital social, fijando la cuantía, condiciones y plazos de desembolso de las mismas. El socio que estime la asunción de esta obligación resulte onerosa para su capacidad económica podrá solicitar la separación de la cooperativa con los efectos propios de la baja justificada. Al efecto, lo manifestará así, por escrito, al Presidente del Consejo Rector, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que se hubiera celebrado la Asamblea General, si hubiera asistido a ella y salvado expresamente su voto, o, de no haber asistido, dentro del mismo plazo a partir del día siguiente a aquél en que recibió la notificación del acuerdo. Si el Consejo Rector, en resolución motivada, acordada en el plazo de un mes, no estimase la existencia de causa justificada para el ejercicio del derecho de separación, el interesado podrá recurrir ante los órganos, y en los mismos plazos que prevé el artículo 26 de esta Ley.

Aportaciones voluntarias.

1. La Asamblea General podrá acordar la admisión de aportaciones voluntarias para integrar el capital social, fijando la cuantía global máxima, el plazo de suscripción y el tipo de interés de las mismas.

2. Todo socio tendrá derecho a realizar, dentro de la cuantía global máxima que determine el acuerdo social, una parte proporcional a la aportación obligatoria para integrar el capital social que tuviera en el momento de la adopción de dicho acuerdo. El socio que o haga uso, en todo o en parte, de este derecho podrá cederlo a otros socios.

3. En el supuesto de que los socios no realicen la totalidad de la cuantía global máxima de las aportaciones voluntarias para integrar el capital social, se entenderá que, una vez haya finalizado el plazo de suscripción fijado por la Asamblea General, la referida cuantía queda automáticamente reducida al importe efectivamente realizado por los socios.

4. Las aportaciones voluntarias para integrar el capital social deberán ser desembolsadas al menos en un veinticinco por ciento en el momento de su suscripción, y el resto en las condiciones y plazos que fije el acuerdo social, que no podrá exceder de un año.

Reducción del capital social.

1. Si por consecuencia de la devolución a los socios y, en su caso, a sus derecho habientes de las aportaciones realizadas para integrar el capital social, éste quedará por debajo de la cifra de capital social mínimo, o del límite superior que a estos efectos fijen los Estatutos, será necesario acuerdo de reducción adoptado por la Asamblea general.

2. Dicho acuerdo no podrá llevarse a efecto antes de que transcurra el plazo de tres meses, a contar de la fecha de su último anuncio, que deberá ser publicado por dos veces en el Boletín Oficial y en uno de los periódicos de mayor circulación, ambos de la provincia donde la cooperativa esté domiciliada. Durante el referido plazo, los acreedores ordinarios podrán oponerse a la ejecución del acuerdo de reducción del capital social si sus créditos no son satisfechos o la sociedad, no presta garantía suficiente. Será nulo toda devolución de aportaciones para integrar el capital social que se realice antes de transcurrido dicho plazo de tres meses o a pesar de la oposición, entablada en tiempo y forma, por cualquier acreedor.

3. El referido acuerdo de reducción de capital deberá ser inscrito en el Registro de Cooperativas.

Aportaciones de nuevos socios.

1. Las aportaciones obligatorias para integrar el capital social que hayan de realizar los nuevos socios no podrán ser superiores a las efectuadas por los ya existentes, con las actualizaciones realizadas, en su caso, de acuerdo con esta Ley.

2. En ningún caso las condiciones y plazos de desembolso serán mas gravosas que las impuesta a los socios actuales.

Actualización de las aportaciones.

1. Las aportaciones al capital social podrán actualizarse al final de cada ejercicio económico, con cargo al resultado de la revalorización del inmovilizado material del activo de la sociedad cooperativa, teniendo en cuenta la depreciación del mismo cuando se contabilice en un fondo de amortización.

2. La revalorización de los bienes del inmovilizado material no podrá ser superior a las variaciones del Indice General de Precios aplicado al valor que tuviesen en el mercado. El Indice General de Precios al por Mayor será el límite máximo para actualizar el valor atribuible a las aportaciones.

3. Del resultado de la revalorización de los bienes del inmovilizado material se destinará un cincuenta por ciento se destinará a una cuenta de pasivo, denominada "Actualización de aportaciones", a cuyo cargo se efectuará la actualización de las aportaciones al capital.

4. La actualización de las aportaciones sólo podrá realizarse respecto al ejercicio inmediato anterior a aquél en que se aprueben las cuentas por la Asamblea General y no tendrá carácter retroactivo.

5. En caso de liquidación de la cooperativa, el remanente de la cuenta de Actualización de las aportaciones se destinará a los fines del Fondo de Reserva Obligatoria.

Reembolso.

1. En los supuestos de pérdida de la condición de socio, éste o sus derecho habientes estarán facultados para exigir el reembolso de sus aportaciones integrantes del capital social, cuyo valor será estimado sobre la base del balance que aprueba la Asamblea General siguiente a la fecha de baja del socio, incluyéndose en el cómputo las reservas voluntarias repartibles, si las hubiera.

2. Los Estatutos Sociales deberán regular el referido derecho al reembolso con arreglo a las siguientes normas:

1. Del importe de las aportaciones se deducirán, en el momento de la baja, las pérdidas imputadas al socio, correspondientes al ejercicio durante el que se haya producido la misma, y las acumuladas en la proporción que contablemente le corresponda.

2. Del importe de las aportaciones obligatorias, una vez realizada, en su caso, la deducción prevista en el apartado anterior, podrán establecerse deducciones no superiores al treinta por ciento para el supuesto de baja por exclusión, ni al veinte por ciento para el de baja voluntaria no justificada. En ningún caso podrán establecerse deducciones sobre las aportaciones voluntarias ni sobre las obligatorias en los supuestos de baja justificada y por defunción.

3. El plazo de reembolso no podrá exceder de cinco años a partir de la fecha de la baja, o de un año en caso de defunción del socio, con derecho a percibir, sobre el importe de la aportación no reintegrada, el tipo de interés básico del Banco de España o el fijado para los socios en activo si fuera mayor.

4. Todo ello sin perjuicio de las obligaciones contraídas por el socio durante su permanencia en la cooperativa.

Transmisión de las aportaciones.

1. Las aportaciones sólo podrán transmitirse:

   1. Por actos inter vivos entre socios.

   2. Por sucesión mortis causa.

2. En el supuesto b) del apartado anterior, el derecho habiente podrá solicitar, en el plazo de seis meses, su admisión como miembro de la cooperativa, si reúne los requisitos objetivos estatutariamente previstos, conforme al procedimiento establecido en el artículo 20 de la presente Ley. Si el derecho habiente no solicitase su admisión en el plazo previsto, o habiéndola solicitado, le fuera denegada por la cooperativa, tendrá derecho a la liquidación de la aportación social del causante, que le será realizada sin deducción alguna en el plazo máximo de un año, a contar de la fecha del fallecimiento de áquel.

3. Si los derecho habientes fueran varios, la cooperativa podrá exigir que el derecho a solicitar la condición de socio sea ejercitado por uno solo o varios de ellos, con el expreso consentimiento de los demás, y si no hubiera acuerdo, se procederá a la liquidación prevista en el apartado anterior.

4. Asimismo, la cooperativa podrá acordar la admisión como socios de todos los derecho habientes, en cuyo caso se procederá a prorratear entre ellos, en la proporción que proceda legalmente, la aportación del causante, formándose tantas aportaciones como derecho habientes hayan sido admitidos como socios, en cuyo caso será necesario completarlas si todas o algunas de ellas fuesen inferiores a la aportación mínima obligatoria exigida por la cooperativa a cada socio, igual régimen se observara para el supuesto de que parte de los derecho habientes que no deseen ejercer el derecho a solicitar la condición de socio o no puedan alcanzar tal condición por no cumplir con los requisitos objetivos necesarios estatutariamente previstos. Cuando sea necesario a un derecho habiente o a varios completar la aportación mínima, se estará, por la diferencia, a lo dispuesto en el artículo 52.

5. La cooperativa no podrá adquirir salvo a título gratuito, aportaciones sociales de su propio capital ni aceptarlas a título de prenda.

Aportaciones no integradas en el capital social.

1. Los Estatutos o, en su caso, la Asamblea General no podrán establecer cuotas de ingreso y periódicas, que no integrarán el capital social ni serán reintegrables. Las cuotas de ingreso de los nuevos socios no podrán ser superiores al diez por ciento de la aportación obligatoria al capital social exigible a los mismos.

2. Las entregas que realicen los socios de fondos, productos p materias primas para la gestión cooperativa y, en general, los pagos que satisfagan para la obtención de los servicios propios de la cooperativa no integrarán el capital social y estarán sujetos a las condiciones fijadas o contratadas por la cooperativa.

3. La Asamblea General podrá acordar la financiación voluntaria por parte de los socios, que no integrará el capital social, bajo cualquier modalidad jurídica y en el plazo y condiciones que se establezcan en el correspondiente acuerdo.

Emisión de obligaciones.

Las sociedades cooperativas, previo acuerdo de la Asamblea General, podrán emitir obligaciones cuyo régimen de emisión se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente, sin que en ningún caso puedan convertirse en partes sociales.

Ejercicio económico.

1. Salvo disposición contraria de los Estatutos Sociales, el ejercicio económico coincidirá con el año natural.

2. Para cada ejercicio económico se confeccionará el balance, la cuenta de perdidas y ganancias y la memoria.

3. El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias reflejarán, con claridad y exactitud, la situación patrimonial de la cooperativa así como el excedente obtenido durante el ejercicio o pérdida sufrida.

4. Las partidas del balance se valorarán con arreglo a criterios objetivos, que garanticen los intereses de terceros, y siguiendo los principios que exigen una ordenada y prudente gestión económica. Habrá de mantenerse una continuidad en los criterios de valoración, que no podrán ser variados sin causa razonada, que deberá expresarse, en su caso, en el propio Libro de Inventario y Balances, y cuando se actualicen las aportaciones deberá cumplirse lo indicado en el artículo

53 de la presente Ley.

Determinación de los excedentes netos del ejercicio económico. En la determinación de los excedentes netos del ejercicio económico, deberán observarse las siguientes normas:

1. Se considerarán deducciones de los resultados del ejercicio económico para fijar el excedente neto del mismo, las siguientes:

   1. Los gastos necesarios para el funcionamiento de la cooperativa.

   2. Los intereses debidos a los socios por sus aportaciones al capital social, a los obligacionistas y demás acreedores.

   3. Las cantidades destinadas a amortización.

   4. El importe de los bienes entregados por los socios para la gestión y desarrollo de la actividad de la cooperativa, cuya valoración no excederá de los precios medios del mercado, así como el importe de los anticipos laborales de los socios trabajadores y, en su caso, socios de trabajo, que no podrán ser superiores a las retribuciones salariales satisfechas en la zona donde se preste la actividad laboral.

   5. Las cantidades destinadas a compensar pérdidas resultantes de ejercicio económicos

      anteriores.

   6. Cualesquiera otras deducciones que la legislación fiscal autorice a estos efectos.

2. Contablemente deben figurar en cuenta aparte, como excedentes extracooperativos que se destinarán al Fondo de Reserva Obligatorio, los beneficios obtenidos de operaciones sociales efectuadas con terceros no socios, los procedentes de plusvalías en la enajenación de elementos del activo inmovilizado y los resultantes de otras fuentes ajenas a los fines específicos de la cooperativa, así como los que se deriven de inversiones o participación en empresas no cooperativas.

3. Las entregas de bienes y servicios a los socios o a las compras que éstos hagan a la cooperativa se evaluarán en sus precios medios de mercado. No obstante, si se cediesen en realidad a precios inferiores, por cuya razón el excedente neto resultase por debajo del debido, se hará constar esta circunstancia, a efectos de calcular los porcentajes mínimos destinados a los Fondos de Reservas Obligatorios y de Educación y Promoción Cooperativa sobre el excedente neto que hubiera resultado de aplicar los precios de mercado. En ningún caso los bienes y servicios podrán cederse por debajo de los precios de mercado con diferencia tal que el excedente neto realmente obtenido no permita cubrir dichos porcentajes mínimos, calculados correctamente sobre el debido excedente.

Aplicación de los excedentes.

1. De los excedentes netos del ejercicio económico se aplicará como mínimo:

   1. Un treinta por ciento al Fondo de Reserva Obligatoria hasta que éste alcance un importe igual al cincuenta por ciento del capital social, y un veinte por ciento una vez alcanzado dicho importe, pudiendo acumularse la mitad del mismo al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, en este segundo caso.

   2. Un cinco por ciento al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, en tanto el Fondo de Reserva Obligatorio no alcance el importe señalado en el apartado anterior, y un diez por ciento una vez que lo haya alcanzado.

2. Los excedentes netos disponibles se aplicarán a retornos cooperativos, que se distribuirán a los socios en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizados para la cooperativa, sin que en ningún caso se puedan repartir en función de las aportaciones de los socios al capital social.

   Los Estatutos a la Asamblea General podrán prever las siguientes modalidades para la aplicación efectiva de dichos retornos:

   1. Que se satisfaga a los socios, tras la aprobación del balance del ejercicio, en el plazo que la propia Asamblea General determine.

   2. Que se incorporen al capital social, incrementando las aportaciones obligatorias de los socios.

   3. Que se constituya una Reserva voluntaria, que limite la disponibilidad de los fondos por un período máximo de cinco años y garantice su distribución posterior al socio titular, a cuyo favor devengará un interés que no podrá exceder del que, con carácter anual, se determine por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a propuesta de la Consejería de Economía e Industria.

Imputación de pérdidas.

Los Estatutos deberán fijar los criterios para la compensación de las pérdidas del ejercicio económico, con sujeción a las siguientes normas:

1. Al fondo de Reserva Obligatoria podrá imputarse, como máximo, el cincuenta por ciento de las pérdidas.

2. La diferencia resultante se imputará a cada socio en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas en la cooperativa, o que estuviese obligado a realizar conforme a los criterios establecidos en los Estatutos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23, letra c), de esta Ley. En ningún caso se podrán importar las pérdidas en función de las aportaciones de los socios al capital social.

3. Las pérdidas imputadas a cada socio se satisfarán, dentro del ejercicio económico siguiente a aquél en que se hubieran producido, directamente por él o mediante deducciones en sus aportaciones al capital social. También podrán satisfacerse con cargo a los retornos que puedan corresponderle en los cinco ejercicios siguientes siguientes, si transcurridos los referidos ejercicios quedasen pérdidas sin compensar, deberán ser satisfechas directamente por el socio en el término de un mes, a partir de la fecha del acuerdo asambleario que apruebe el balance y cuenta de resultados correspondientes al último de aquéllos.

Fondo de Reserva Obligatorio.

El Fondo de Reserva Obligatorio que es irrepartible sin perjuicio de lo establecido en el supuesto de disolución de la cooperativa, se constituirá:

1. Con el porcentaje sobre los excedentes netos de cada ejercicio económico que fijen los Estatutos Sociales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de esta Ley.

2. Con las deducciones sobre las aportaciones obligatorias de los socios al capital social, en los supuestos de baja de los mismos.

4. Con las cuotas de ingreso y periódicas, si su establecimiento se previera estatutariamente.

Fondo de Educación y Promoción Cooperativa que es inembargable e irrepartible, se constituirá:

1. Con el porcentaje sobre los excedentes netos de cada ejercicio económico que fijen los Estatutos Sociales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de esta Ley.

2. Con las multas y demás sanciones económicas que, por vía disciplinaria, imponga la cooperativa a sus socios.

3. Con las subvenciones, donaciones y cualquier clase de ayuda económica recibida de los socios y de terceros para el cumplimiento de los fines propios del Fondo.

2. El Fondo de Educación y Promoción Cooperativa se aplicará a la formación y educación de los socios y trabajadores en los principios y técnicas del cooperativismo, así como a su difusión en el entorno social en el que se desenvuelva la cooperativa su actividad, y al fomento de cuantas actividades se enmarquen en el principio general de la intercooperación.

3. La Asamblea General fijará las líneas básicas de aplicación del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, cuyas dotaciones deberán figurar en el pasivo del balance, claramente diferenciados de otras partidas.

4. La aplicación del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa deberá comunicarse anualmente a la Consejería de Trabajo y Seguridad Social, salvo lo establecido para las Cooperativas de Crédito.

5. la aplicación del fondo a finalidades distintas de las establecidas en el apartado 2 de este artículo requerirá la aprobación de la Consejería de Trabajo y Seguridad Social.

Documentación social.

1. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes o disposiciones especiales deberán llevar, en orden y al día, los siguientes libros:

   1. Libro Registro de Socios, que contendrá como mínimo los siguientes datos:

      Nombre y apellidos, profesión, actividad comprometida en la cooperativa, domicilio, Documento Nacional de Identidad o, en su caso, Número de Identificación Fiscal y fecha de admisión y baja como socios.

   2. Libro Registro de Aportaciones al Capital Social, en el que se hará constar la naturaleza, obligatoria o voluntaria, de las mismas.

   3. Libro de Actas de la Asamblea General, del Consejo Rector y, en su caso, del Comité de

      Recursos y de las Juntas Preparatorias.

   4. Libros de Inventarios y Balances, que se abrirá con el inventario y balance inicial de la cooperativa y recogerá anualmente el balance del ejercicio y la cuenta de resultados.

   5. Libro Diario, que registrará, día a día, todas las operaciones relativas al ejercicio económico de la actividad de la cooperativa. Será válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por períodos no superiores al mes, a condición de que su detalle aparezca en otros libros, fichas o registros concordantes, aunque no estén legalizados.

   6. Libro de Informes de los Interventores de Cuentas.

2. Todos ellos serán diligenciados por la Autoridad Judicial, con arreglo a la legislación vigente.

3. También será válida, en cuanto a los libros de contabilidad, la realización de asientos y anotaciones por cualquier procedimiento idóneo sobre hojas que después habrán ser encuadernados correlativamente para formar los libros obligatorios y voluntarios, que deberán ser legalizados antes de la convocatoria de la Asamblea General ordinaria, excepto el Libro de Inventarios y Balances que se efectuará necesariamente al mes siguiente de la fecha del cierre del ejercicio.

Contabilidad.

Las cooperativas deberán llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, con arreglo a lo dispuesto en los planes específicos de contabilidad que se aprueben para cooperativas y a la legislación mercantil.

Información de la Administración.

Las sociedades cooperativas andaluzas facilitarán a la Consejería de Trabajo y Seguridad Social cuantos datos e información propios de su actividad económica y social les sean solicitados por la misma.

Modificación de los Estatutos Sociales.

1. Los acuerdos sobre modificación de los Estatutos Sociales deberán adoptarse por la Asamblea General, en los términos previstos en el artículo 33, apartado 2, de la presente Ley. No obstante, para el cambio de domicilio social de la cooperativa dentro del término municipal bastará el acuerdo del Consejo Rector.

2. La modificación de los Estatutos deberá ser objeto de inscripción en el Registro de Cooperativas mediante escritura pública. En caso de que la modificación afecte a la denominación, se acompañará la certificación negativa a que se refiere el artículo 11, apartado 1.

Fusión.

1. La fusión de sociedades cooperativas andaluzas en una nueva o la absorción de una o más por otra, sólo será posible si los objetos sociales de cada cooperativa no resultan incompatibles.

2. El acuerdo de fusión, adoptado por la Asamblea General, se publicará en el Boletín Oficial y en uno de los periódicos de mayor circulación, ambos de la provincia donde la cooperativa tenga su domicilio, así como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y no podrá ser realizado antes de que transcurran dos meses desde la fecha del último anuncio. Si, durante este plazo, algún acreedor de la cooperativa se opusiera, el acuerdo de fusión no podrá llevarse a efecto sin que se aseguren previamente, o

   se satisfagan por entero, los derechos del acreedor disconforme, que no podrá oponerse al pago aunque se trate de créditos no vencidos.

3. El socio disconforme con la fusión podrá separarse de la cooperativa con los efectos propios de la baja voluntaria justificada. Al efecto lo manifestará así, por escrito, al Presidente del Consejo Rector, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que se celebró la Asamblea General que adoptó el acuerdo, si hubiera asistido a ella y salvado expresamente su voto, o, si no hubiera asistido, dentro del mismo plazo, a partir del día siguiente a aquél en que recibió la notificación del mismo.

4. Los patrimonios de las cooperativas que se disuelvan se traspasarán en bloque a la nueva sociedad, o a la que subsista, que asumirá todos los derechos y obligaciones de las cooperativas disueltas, a éstas no les serán de aplicación las normas sobre liquidación. Los fondos obligatorios, así como las reservas voluntarias si las hubiese, pasarán a integrarse en los de la sociedad cooperativa nueva o absorvente.

5. La cooperativa resultante de la fusión o absorción integrará a todos los socios que las cooperativas fusionadas o absorbidas, excepto aquéllos que hayan hecho uso del derecho de separación al que se refiere el precedente apartado 3 manteniendo una aportación patrimonial al capital social equivalente a la que les correspondía en la cooperativa

   extinguida.

6. La inscripción se sujetará, en el supuesto de fusión propia, a los trámites establecidos para la constitución de cooperativas y, en el de fusión por absorción, a los de modificación de Estatutos.

Escisión.

1. La escisión implicará la extinción de la sociedad cooperativa andaluza cuando, previa la división en dos o más partes cada una de éstas se traspase en bloque a cooperativas de nueva creación o sea absorbida por otras ya existentes. No obstante, una cooperativa podrá dividir su patrimonio, sin extinguirse, cuando traspase en bloque una o varias partes del mismo a cooperativas de nueva creación o a otras ya existentes.

2. Serán de aplicación, en estos casos, las normas reguladoras de la fusión. No obstante, con la convocatoria de la Asamblea General que ha de acordar la escisión, se remitirá a cada socio la memoria elaborada por el Consejo Rector sobre la conveniencia de la misma, y se acompañará el inventario y el balance, cerrados quince días antes, con la propuesta detallada de la parte del patrimonio que habrá de transferirse a las otras cooperativas y la que, en su caso, haya de conservar la cooperativa que se rescinda.

3. Con la memoria y la documentación mencionada, deberá remitirse a los socios el correspondiente informe elaborado por los Interventores de Cuentas. En el caso de que sea solicitado por un diez por ciento al menos de socios el informe deberá ser elaborado por Censor Jurado de Cuentas.

Disolución.

1. Será causa de disolución de la sociedad cooperativa andaluza:

   1. El cumplimiento del término previsto en los Estatutos Sociales; salvo acuerdo de prórroga adoptado por la Asamblea General, presentado a inscripción antes de cumplirse dicho término. El socio disconforme podrá causar baja en la forma y plazos previstos en el artículo

      49, apartado 3, de esta Ley.

   2. La realización de su objeto social o la imposibilidad de hacerlo. en lo referente a las Cooperativas de Crédito y de Seguros, se estará además, a lo dispuesto por los organismos competentes en razón de las actividades efectuadas.

   3. La voluntad de los socios, manifestada mediante acuerdo de la Asamblea General.

   4. La reducción del número de socios por debajo del mínimo legalmente necesario para constituir la cooperativa, si se mantiene durante más de un año.

   5. La reducción de la cifra del capital social por debajo del mínimo establecido estatutariamente, si se mantiene durante más de seis meses.

   6. La fusión o escisión de la cooperativa en los términos regulados en los artículos 68 y 69 de esta Ley.

   7. La quiebra de la cooperativa, siempre que así lo acuerde la Asamblea General como consecuencia de la resolución judicial que la declare.

   8. Cualquier otra causa establecida en esta Ley o en los Estatutos.

2. La sociedad cooperativa disuelta conservará su personalidad jurídica en tanto se realice la liquidación. Durante este período deberá añadirse a la denominación social la frase "en liquidación".

3. El acuerdo de disolución judicial, en su caso, se publicará en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación, ambos de la provincia, así como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el plazo máximo de treinta días, a contar de aquél en que se adoptó el acuerdo o se notificó la resolución.

4. La disolución se inscribirá en el Registro de Cooperativas mediante la resolución judicial que lo declare o la escritura pública en la que conste el cumplimiento de las formalidades y requisitos legales, y, en su caso, el nombramiento y aceptación de los liquidadores y facultades que se les hayan conferido.

Liquidación, nombramiento y atribuciones de los liquidadores.

1. Los socios liquidadores, en número impar, serán nombrados por la Asamblea General en votación secreta. El nombramiento y aceptación de los liquidadores se inscribirá mediante cualquiera de los documentos a que se refiere el apartado 7 del artículo 37.

2. Si transcurriera un mes desde la disolución de la cooperativa sin que la Asamblea General lo hubiera efectuado, el Consejo Rector deberá solicitar del Juez de Primera Instancia el nombramiento de los liquidadores, que podrá recaer en personas no socios de la cooperativa. También podrá solicitarlo del Juez cualquier socio de la cooperativa. El que se inscribirá en el Registro de Cooperativas mediante el testimonio de la correspondiente resolución. El Consejo Rector y la Dirección cesarán en sus funciones desde el nombramiento de los liquidadores, a los que deberán prestar su concurso para la práctica de las operaciones de liquidación, si son requeridos para ello.

3. Los liquidadores habrán de efectuar todas las operaciones necesarias para la liquidación de la sociedad. Durante el período de la liquidación deberán observarse las disposiciones legales y estatutarias aplicables sobre el régimen de las Asambleas Generales, a las cuales rendirán cuenta los liquidadores de la marcha de la liquidación y del balance correspondiente para su aprobación.

Adjudicación del haber social.

Para la adjudicación del haber social se procederá, en todo caso, por el siguiente orden:

1. Se respetará íntegramente el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa.

2. Se saldarán las deudas sociales.

3. Se reintegrarán a los socios sus aportaciones al Capital Social y a la Reserva Voluntaria del Artículo 60.2.c, actualizados, en su caso.

4. El sobrante, si lo hubiese, del Fondo de Reserva Obligatorio, así como el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, se pondrán a disposición de la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, que lo destinará, de modo exclusivo, a los fines de educación y promoción de las sociedades cooperativas andaluzas, a través del Consejo Andaluz de Cooperación.

Operaciones finales.

1. Terminada la liquidación, los liquidadores firmarán el balance final, que será sometido a la decisión de la Asamblea General. La convocatoria de esta Asamblea se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en un periódico de la provincia en que tenga su domicilio social la cooperativa.

2. Si fuera imposible la celebración de la Asamblea General, los liquidadores publicarán el balance final en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en un periódico de los de mayor circulación de la provincia de Andalucía y en un periódico de los de mayor circulación de la provincia del domicilio social de la cooperativa. Transcurridos seis meses desde la última de dichas publicaciones sin que sea impugnado el balance ante el Juez de Primera Instancia competente, se entenderá aprobado el mismo.

3. Aprobado el balance final, los liquidadores deberán solicitar, en el plazo de quince días, la cancelación de los asientos referentes a la sociedad liquidada en el Registro de Cooperativas y depositar en dicha oficina los libros y documentos relativos al tráfico de la cooperativa.

Suspensión de pagos y quiebra.

1. A las sociedades cooperativas andaluzas les será de aplicación la legislación concursal general.

2. La resolución judicial en virtud de la cual se tenga por incoado el procedimiento concursal respecto de una cooperativa se inscribirá en el Registro de Cooperativas.

Ambito de aplicación.

La presente Ley será de aplicación a todas las sociedades cooperativas que desarrollen su actividad societaria exclusivamente dentro del territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza, sin perjuicio de las relaciones que lleven a cabo fuera del mismo con carácter instrumental.

Concepto y caracteres.

1. Es Sociedad Cooperativa aquella que realiza cualquier actividad económico social para la mutua ayuda entre sus miembros, al servicio de éstos y de la Comunidad, mediante la aportación y actividad de todos sus socios, con arreglo a los principios y disposiciones de esta Ley.

2. Los principios generales que informan la constitución y funcionamiento de las sociedades cooperativas andaluzas son los siguientes:

   1. Libre adhesión y baja voluntaria de los socios.

   2. Variabilidad del capital social y del número de socios.

   3. Igualdad de derechos y obligaciones entre los socios.

   4. Gestión y control democráticos.

   5. Interés voluntario y limitado a las aportaciones al capital social.

   6. Participación en los excedentes, en proporción a la actividad desarrollada en la cooperativa.

   7. Educación y formación cooperativa de sus miembros y difusión en la comunidad del espíritu cooperativo.

   8. Promoción de las relaciones intercooperativas para el mejor servicio de sus intereses comunes.

3. La gestión de las sociedades cooperativas corresponde exclusivamente a sus socios, con las limitaciones que se señalan en esta Ley.

Denominación.

1. La denominación de la cooperativa incluirá necesariamente las palabras "Sociedad Cooperativa Andaluza" o su abreviatura " S. Coop. And.".

2. No se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra cooperativa preexistente que se encuentre regulada por la presente Ley.

3. Ninguna otra entidad, sociedad o comerciante podrá utilizar el término "Cooperativo Andaluza" como indicativo de su carácter societario ni cualquier otro término que pueda inducir a error.

Domicilio social

La cooperativa tendrá su domicilio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza, en el lugar donde realice preferentemente las actividades con sus socios o centralice la gestión administrativa y dirección empresarial.

Responsabilidad.

La responsabilidad del socio por las deudas de la cooperativa quedará limitado a sus aportaciones suscritas al capital social, estén o no desembolsadas.

Secciones.

1. Los Estatutos podrán prever la constitución y funcionamiento de Secciones, con autonomía de gestión y patrimonio separado, en el seno de la cooperativa, a fin de desarrollar actividades económicas específicas o complementarias de su objeto social.

2. Estatutariamente se podrá establecer la existencia de Juntas de Sección, integradas por los socios adscritos a las mismas, en las que podrán delegarse competencias propias de la Asamblea General sobre aquellas materias que no afecten al régimen general de la sociedad cooperativa.

3. La posible afectación del patrimonio de la sección a las resultas de las operaciones que en su seno se realicen habrá de constar, expresamente, en el Registro de Cooperativas y en el texto de los correspondientes contratos. En todo caso, subsistirá la responsabilidad patrimonial universal de la cooperativa, excursión hecha del patrimonio de la sección afectada.

4. Las Secciones llevarán necesariamente contabilidad independiente, así como un Libro de Registro de socios adscritos a las mismas.

Operaciones con terceros.

1. Las sociedades cooperativas andaluzas podrán realizar, con terceros no socios, las actividades y servicios que constituyan su objeto social, únicamente en los casos previstos en la presente Ley y con las limitaciones y condiciones en ella establecidas.

2. No obstante, toda sociedad cooperativa, previa solicitud motivada, podrá ser autorizada por la Consejería de Trabajo y Seguridad Social para realizar o, en su caso, ampliar actividades y servicios con terceros, por el plazo y hasta la cuantía que fije la autorización en función de las circunstancias concurrentes.

3. En todo caso, las operaciones con terceros deberán contabilizarse de manera independiente y a los resultados que se obtengan se les dará el destino prevenido en los art. 61 y 62 de esta Ley.