LEY 5/1984, de 23 de abril de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza
| Sección | 1. Disposiciones Generales |
| Emisor | PRESIDENCIA |
| Rango de Ley | Ley |
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y, por autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente
LEY
El artículo 36.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de conformidad con el artículo 148.1.1. de la Constitución, prescribe: "El régimen jurídico y administrativo del Consejo de Gobierno y el estatuto de sus miembros serán regulados por Ley del Parlamento Andaluz, que determinará las causas de incompatibilidad de aquéllos. El Presidente y los Consejeros no podrán ejercer actividad laboral, profesional o empresarial alguna.
Cumpliendo este mandato estatutario, el Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma, en cuyo articulado se regulan las incompatibilidades del Presidente y Consejeros de la Junta de Andalucía, en el sentido de que el cargo de Presidente de la Junta de Andalucía es incompatible con cualquier otra función o actividad pública que no derive de aquél, salvo la de Diputado en el Parlamento de Andalucía. También es incompatible con el ejercicio de toda actividad laboral, profesional o empresarial. Por otra parte, respecto de los Consejeros se establece que están sometidos al mismo régimen de incompatibilidades que el Presidente de la Junta de Andalucía.
La Ley del Gobierno y Administración, sin embargo, no aborda las incompatibilidades de los restantes altos cargos de la Administración Andaluza, por lo que resulta obligada la presentación de un Proyecto de Ley que regule dicha materia.
Esta Ley se adapta, en lo posible, a la Ley Orgánica sobre incompatibilidades de altos cargos, presentada por el Gobierno de la Nación ante las Cortes Generales. En la misma se regulan las incompatibilidades de los altos cargos de la Administración Andaluza, exceptuados el Presidente y los Consejeros, contemplados en la Ley de Gobierno y Administración.
La regulación de las incompatibilidades es imprescindible en todo sistema democrático para garantizar la dedicación de los altos cargos, al tiempo que se preserva su independencia.
Otros importantes fines presiden esta Ley, tales como asegurar la dedicación al servicio de sus cargos, moralizar la vida pública, aumentar la eficacia de la Administración, garantizar su independencia, y todo ello, dentro de la ejemplaridad que debe comportar el ejercicio de estas altas funciones.
El ejercicio de un alto cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con el desarrollo por sí o mediante sustitución de cualquier otro cargo, profesión o actividad, públicas o privadas, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, arancel, participación y cualquier otra forma especial, incluida la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras y entidades que tengan atribuidas funciones públicas.
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No obstante, los altos cargos podrán compatibilizar su cargo con el de parlamentario, pero tendrán que renunciar expresamente a cualquier retribución correspondiente a este último.
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En consecuencia con lo previsto en el apartado 1, no podrá percibirse más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas, ni de los organismos y empresas de ellos dependientes o con cargo a los órganos constitucionales, ni optar por percepciones correspondientes a puestos incompatibles, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones y asistencias que en cada caso correspondan por las compatibles a que se refiere el artículo 3º de esta Ley.
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Los Viceconsejeros, Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales de las Consejerías y asimilados.
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Los miembros del Gabinete de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
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Los Presidentes, Directores y asimilados de empresas públicas y sociedades con participación de la Junta de Andalucía superior al 50%.
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Los Delegados del Consejo de Gobierno en las empresas aludidas en el párrafo anterior.
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Los Profesores, Directores y asimilados de los organismos autónomos de la Junta de Andalucía.
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Los demás altos cargos de libre designación que reglamentariamente sean calificados como tales.
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las cantidades que devenguen por cualquier concepto, incluidas las dietas por asistencia, serán ingresadas directamente por el Organismo o empresa en la Tesorería de la Comunidad Autónoma.
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En ningún caso se podrá pertenecer a más de dos consejos u órganos de gobierno a que se refiere el apartado primero de este artículo.
Las actividades derivadas de la mera administración del patrimonio personal y familiar no están sujetas a lo dispuesto en el artículo primero, salvo el supuesto de participación superior al 10 por 100 entre el interesado, su cónyuge e hijos menores en el capital de sociedades que tengan conciertos de obras, servicios o suministros, cualquiera que sea su naturaleza, con la entidad pública en la que desempeña su cargo.
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Con todo otro cargo que figure al servicio o en los presupuestos de las administraciones, organismos o empresas públicas, o con cualquier actividad por cuenta directa o indirecta de los mismos, así como las funciones públicas retribuidas mediante arancel, participación o cualquier otra forma especial.
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Con el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden de empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolio, o por participación a ayudas del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas, con la excepción prevista en el artículo 4º.
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Con el ejercicio de cargos, por sí o por persona interpuesta, que lleven anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento de toda clase de compañías, sociedades mercantiles y civiles, y consorcios de fin lucrativo, aunque unas y otras no realicen fines y servicios públicos ni tengan relaciones contractuales con las administraciones, organismos o empresas públicas.
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Con el ejercicio por sí, persona interpuesta o mediante sustitución de la profesión a la que por razón de sus títulos o aptitudes pudiera dedicarse, salvo que se trate de actividades culturales y científicas efectuadas de forma no continuada.
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Con la percepción de pensiones de derechos pasivos o de cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.
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Con el ejercicio de toda clase de actividades en instituciones culturales o benéficas, salvo autorización del órgano que los nombró o que fueran anejas al cargo.
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Con la gestión, defensa, dirección o asesoramiento de asuntos particulares ajenos, cuando por la índole de las operaciones o de los asuntos competa a las administraciones públicas resolverlos o quede implicado en ellos la realización de algún fin o servicio público.
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Con figurar en cualquier forma de promoción de empresas o actividades profesionales privadas.
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La incompatibilidad a que alude el apartado b) del artículo 5º implica:
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La suspensión en el ejercicio de las cargas previstas en el mismo; y
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la prohibición de obtenerlos mientras ejerzan lo que son causa de incompatibilidad y durante dos años después de su cese, salvo cuando fueren designados para los mismos en representación de las administraciones públicas, o cuando los estuvieren ejerciendo y hubieren cesado por razón de su nombramiento.
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Los afectados por el apartado c) del artículo indicado suspenderán también toda actuación o actividad propia de los cargos comprendidos en el mismo, por todo el tiempo que sirvan los que dan causa a la incompatibilidad, durante cuyo término de servicio tampoco podrán obtener nuevos cargos de los comprendidos en el expresado apartado c), si bien al cesar en aquéllos podrán reintegrarse al servicio de éstos, sin restricción alguna de plazo.
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Los que lo fueran en el apartado d) deberán cesar igualmente en el ejercicio profesional activo mediante sustitución, mientras sirvan al cargo.
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La aceptación del cargo en el supuesto del apartado e) del mismo artículo
5º supondrá que las pensiones a que se refiere dicho artículo, que se perciban se ingresarán en la Tesorería de la Comunidad Autónoma.
Las empresas o sociedades que tomen parte en licitaciones públicas, contraten o hayan de encargarse de la gestión de cualquier servicio público, deberán acreditar mediante la oportuna certificación expedida por su órgano de dirección o representación competente, que no forma parte de los órganos de gobierno o administración persona alguna a los que se refiere esta disposición, desechándose aquellas proposiciones que no acompañen dicha certificación, junto a los documentos requeridos en cada caso.
En dicho modelo, deberá contar la referencia a las actividades lucrativas profesionales, laborales, mercantiles e industriales que los funcionarios y personal en servicio activo que accedan a altos cargos, ejerzan fuera de las Administraciones Públicas.
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Dicha declaración se efectuará dentro de los tres meses siguientes al de la toma de posesión, al de la modificación de las circunstancias de fecha y al de entrada en vigor de esta Ley.
La inclusión en el artículo 2º de puestos de categoría de Director General se efectúa sin perjuicio de lo que sobre los mismos puedan establecerse en el Régimen estatutario de los funcionarios públicos.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en esta Ley.
Sevilla, 23 de abril de 1984
JOSE RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA
Y CAMOYAN
Presidente de la Junta de Andalucía
ANGEL M. LOPEZ Y LOPEZ
Consejero de la Presidencia
