DECRETO 139/1992, de 28 de julio, por el que se declara la urgente ocupación a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por los Planes Provinciales de Obras y Servicios para 1992 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Sección:3. Otras Disposiciones
Emisor:CONSEJERIA DE GOBERNACION
Rango de Ley:Decreto
 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Diputaciones Provinciales elaboran y aprueban, anualmente los Planes Provinciales de Obras y Servicios, dirigidos, prioritariamente, a garantizar en municipios con población inferior a 20.000 habitantes la cobertura de los servicios mínimos obligatorios recogidos en el artículo

8 de la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio, tales como alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, control de alimentos y bebidas, parque público, biblioteca pública, mercados y tratamiento de residuos. Aprobados definitivamente los Planes por las Diputaciones Provinciales de Andalucía para el ejercicio 1992, en base al carácter de interés general de los fines que persiguen, una vez que se consideran cumplidos los requisitos establecidos en el artículo

56 del Reglamento de Expropiación Forzosa y dada la urgente necesidad de disponer de los terrenos precisos para poder ejecutar las obras incluidas en aquéllos, se ha considerado conveniente acudir al excepcional procedimiento expropiatorio previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, por lo que procede acordar la oportuna declaración de urgencia. En su virtud, y teniendo en cuenta la facultad que le confiere al Consejo de Gobierno el artículo 42.2 del Estatuto de Autonomía para ejercer la potestad expropiatoria y en aplicación de la Ley

6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de esta Comunidad Autónoma, a propuesta de la Consejería de Gobernación y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 28 de julio de 1992.

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