ACUERDO de 3 de septiembre de 2002, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la adopción de una estrategia autonómica ante el cambio climático.
| Sección | 1. Disposiciones Generales |
| Emisor | CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA |
| Rango de Ley | Acuerdo |
ACUERDO de 3 de septiembre de 2002, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la adopción de una estrategia autonómica ante el cambio climático.
El cambio climático es potencialmente el problema ambiental global más importante que la Humanidad tiene ante sí. Tras años de debate sobre su evidencia científica, este fenómeno concita la práctica unanimidad en la necesidad de tomar medidas que eviten consecuencias posiblemente muy graves para los sistemas naturales del planeta y la gestión de los sistemas humanos.
La intensificación del denominado efecto invernadero por el aumento de las concentraciones de los gases que lo producen, genera un calentamiento adicional de la atmósfera baja y de los océanos y funde el hielo de los glaciares y los casquetes polares, en un proceso muy lento pero irreversible en nuestras escalas de tiempo.
El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) hizo público en 2001 su tercer informe de evaluación sobre la evolución del sistema climático en los últimos 140 años, en el que se observa claramente, entre otros cambios, cómo hacia finales del siglo XIX se invierte la tendencia decreciente en los últimos 1000 años de la temperatura media del hemisferio norte, en significativa correlación con el incremento de CO
acumulado en la atmósfera a causa del aumento del uso de combustibles fósiles.
Las incertidumbres científicas cada vez son menores y en todo caso la práctica totalidad de los modelos de simulación utilizados pronostican aumentos de temperatura entre 1,4 y 6 grados para 2100, en función de los escenarios de emisiones futuras. Escenarios que dependen de la evolución demográfica, del desarrollo económico y de los modelos de consumo energético.
El CO
puede permanecer en la atmósfera, una vez emitido, durante períodos largos de tiempo (hasta 200 años en algunos procesos) y otros gases de efecto invernadero, como algunos CFCs, no desaparecen de ella hasta pasados varios miles de años, por lo que los gases emitidos ahora afectarán al clima durante más de 100 años y lo que dejemos de emitir a la atmósfera ayudará a resolver el problema a lo largo del siglo XXI.
Por todo ello, en el marco de los acuerdos internacionales en materia de cambio climático es preciso que los Gobiernos en el ejercicio de sus competencias tomen medidas a corto, medio y largo plazo, desde un enfoque integral, que abarquen tanto la adaptación a los posibles cambios que se vayan a producir como poner todos los medios a nuestro alcance para frenarlos y mitigar sus efectos.
El Protocolo de Kioto supone el compromiso de reducir las emisiones de seis gases responsables del recalentamiento de la Tierra, en particular el CO
, y entrará en vigor previsiblemente a finales del presente año, una vez que sea ratificado por los Estados que exige el mismo.
En el Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001 se acordó que la lucha contra el cambio climático era una prioridad fundamental de la estrategia de desarrollo sostenible de la Unión Europea. Ya en 2000, la Comisión elaboró un Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC) para definir y preparar políticas y medidas comunes a escala comunitaria que tuvo acogida favorable en la Conferencia celebrada en Bruselas en julio de 2001, y en el primer semestre de 2002 se ha culminado la ratificación del Protocolo de Kioto,
con la aprobación del texto y la ratificación en los 15 Estados miembros.
La UE se había comprometido en Kioto a una reducción global del 8% del CO
equivalente en el período 2008-2012, en relación con los niveles de 1990. En 1999, las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea habían disminuido en un 4% respecto a 1990, si bien las proyecciones aplicadas por los Estados miembros y la Comisión revelan que sin aplicar otras políticas adicionales y con todas las incertidumbres respecto al crecimiento económico de los próximos años, las emisiones sólo alcanzarían una estabilización respecto al año de referencia sin lograrse la reducción comprometida.
En el Consejo Europeo de junio de 1998 se llegó a un acuerdo político sobre el «reparto de la carga» entre los Estados miembros de la UE, concretándose el compromiso de España en la posibilidad de crecimiento de sus emisiones hasta un máximo del 15% respecto al año de referencia.
Sin embargo, este compromiso contrasta con la dura realidad de la evolución en nuestro país del incremento del nivel de emisiones de gases de efecto invernadero que, sin duda, ha...
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